¿Cómo se valora la eficiencia de un Gobierno? ¿Cómo se sabe que desarrolla una política correcta? Quizás habría que empezar por definir qué es la política. Según la RAE, en sus acepciones 8 y 9, respectivamente, la política es la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos y, por otro lado, la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.
La tarea regidora del Gobierno debe estar impregnada del principio de alcanzar el bien general para el conjunto de los ciudadanos y su política debe esforzarse para que las medidas que tome sean las adecuadas para solucionar los problemas que afectan a la sociedad.
La labor de los grupos parlamentarios que aspiran a regir los asuntos públicos, incluye la valoración del Gobierno y la critica pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos que, en definitiva, son los que deciden quién debe dirigir los asuntos que más les preocupan, entre los que hoy están, tristemente, la crisis económica.
Uno de los parámetros que se pueden utilizar para valorar la eficiencia de la gestión de un Gobierno y la adecuación de su política, puede ser analizar su forma de actuación ante la crisis que nos está maltratando.
El gran secreto a voces para solucionar una crisis económica consiste en aumentar la productividad y reducir los costes. Lo que significa potenciar la actividad de todos los sectores de la sociedad y reducir el gasto público.
Es precisamente en la reducción del gasto público, en donde los Gobiernos Regionales pueden aplicar las medidas más eficaces, aunque, en este sentido, y es triste que así ocurra, la política que desarrolla el Gobierno de Barreda es la de lanzar eslóganes publicitarios que se limitan a la proyección de bellas imágenes, detrás de las cuales no existen medidas que lleven a resolver los problemas que tenemos planteados.
El pasado 31 de diciembre, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, fue publicada la relación de puestos de trabajo y sus formas de provisión del Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana. Llama la atención que en esa relación de 19 nuevos puestos de trabajo figuran, nada más y nada menos, que 4 puestos de nivel 28, que es la categoría de Director General y 6 de nivel 26, que es la correspondiente a Jefe de servicio, todos ellos de libre designación, lo que hace sospechar que el dinero que para personal se dedica al referido Consorcio, un millón de euros, que se dice pronto, tiene muchas papeletas para no ser invertido correctamente, si no que, más bien, parece que va a servir para favorecer a los amigos.
Por otro lado, el 16 de enero nos desayunábamos con el informe que el sindicato CSI-CSIF sacaba a la luz denunciando la falsedad del mensaje de austeridad dado por Barreda para explicar la reducción de Consejerías, volviendo a ejercer una falsa política de cara a la galería. Lejos de racionalizar los recursos, tal y como anunció ante la opinión pública, ha orientado su Administración hacia el despilfarro creando plazas específicas para recolocar a los Consejeros, a los Delegados, a los Directores generales y a los Asesores, de las Consejerías eliminadas, en todos los casos, con altos niveles y elevados complementos específicos.
Medidas como las referidas, junto a otras que suponen gastos desorbitados, como son la publicidad, para más escarnio engañosa, sobre la OCM del Vino o sobre el Plan Especial del Alto Guadiana, o como es el uso particular por parte de algunos altos cargos de conductores y de coches oficiales para desplazarse a diario importantes distancias desde sus pueblos a sus puestos de trabajo, hacen evidente que la política que está practicando Barreda ni está dirigida a alcanzar el bien del conjunto de los ciudadanos, ni se esfuerza en solucionar los problemas que les afectan.
Está claro, a la vista de lo expuesto, que la política de Barreda ni es eficiente, ni es correcta. Así nos va.
