La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha lamenta la actitud del sindicato Comisiones Obreras, que ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra la Junta de Comunidades por, según ellos, “haber retirado dispositivos de señalización obligatoria” en los vehículos que usan agentes medioambientales.
En este sentido, la Consejería aclara que dichos dispositivos, instalados en 35 coches de alta gama –Toyota Land Cruiser-, “no sólo no son obligatorios sino que existen dudas sobre la legalidad de que puedan ser utilizados”, tal y como ha reconocido el propio Ministerio del Interior.
Tanto es así, que la Guardia Civil ha apercibido en varias ocasiones de sanción a los agentes, al estimar que su uso era dudoso en estos vehículos, al no estar claro si éstos son “autoridad policial”. Ante dicha circunstancia, la Consejería de Agricultura solicitó al Ministerio del Interior un pronunciamiento sobre la legalidad del uso de estos dispositivos de señalización en este tipo de vehículos, para no infringir la normativa de tráfico.
La consulta tuvo respuesta previa por parte del Ministerio del Interior el 22 de noviembre de 2011, en la que se exponía que, al no estar absolutamente clara la normativa que regula lo relativo a la categoría “vehículos policiales”, y hasta que ésta no se modifique, no se formularán denuncias contra estos vehículos, al “realizar una interpretación amplia” de la ley.
Es decir, que el dispositivo especial de luces que CCOO considera obligatorio no está fuera de la legalidad, pero bajo ningún concepto es considerado como obligatorio por el Ministerio del Interior, algo que CCOO conoce sobradamente.
La Consejería, por tanto, enmarca estas declaraciones en la continua politización que está haciendo el sindicato en todas las cuestiones relativas a su interlocución con la misma, y a su enfado porque se ha dado por finalizado el contrato para mantener 35 todoterrenos de alta gama, cuyo coste ronda los 400.000 euros al año en concepto de “renting”.
Rescindir el contrato de coches de alta gama
En el parque móvil de los agentes medioambientales, compuesto por unos 400 todoterreno utilitarios -Suzuki Vitara, Suzuki Gran Vitara, Nissan Terrano, Nissan Patrol, Nissan Navara y Nissan Pick Up-, llamaba la atención el arrendamiento de 35 todoterrenos totalmente equipados.
Estos vehículos provenían de la anterior etapa del Gobierno socialista, en la que se acordó, a través de la empresa pública GEACAM, contratarlos a través de “renting”, sin atender al excesivo coste de los mismos y, sobre todo, sin tener en cuenta que sus prestaciones no mejoraban las del parque móvil ya existente.
A su llegada, el actual Gobierno regional pretendió rescindir el millonario contrato, toda vez que había vehículos suficientes para las tareas de los agentes medioambientales, pero el blindaje económico que llevaba aparejado obligaba a un altísimo desembolso, inasumible entonces. Un año y medio después, la Consejería ya ha podido darlo por finalizado sin coste alguno, ahorrando a las arcas regionales un “coste superfluo e inadmisible en el marco de austeridad y control del gasto público que marca la acción del Gobierno regional”.
Precisamente esta línea de austeridad es la que parece molestar a Comisiones Obreras, que calló ante los contratos desorbitados de la etapa anterior, germen de la inmensa deuda que tienen que pagar de su bolsillo todos los castellano-manchegos. No obstante, la Consejería de Agricultura no se dejará amedrentar por estas denuncias, ya que el objetivo del Ejecutivo regional se centra en sanear las cuentas públicas y sentar las bases de la recuperación económica, que es lo que le demandan los ciudadanos.
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