Soriano ha estado en permanente contacto con la delegación española que, encabezada por Miguel Arias Cañete, ha participado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que ha finalizado esta madrugada y en el que los Veintisiete han llegado a un primer acuerdo que fija las bases para la PAC en el período 2014-2020, aunque en todo caso las negociaciones continuarán y el objetivo es cerrar el texto en el primer semestre del año tras negociarlo con la Comisión y con el Parlamento Europeo.
“España y los aliados han cambiado en estos meses la cara a un texto inicial que perjudicaba de forma clara los intereses del campo de Castilla-La Mancha y que se acordó en 2011 ante la pasividad del anterior Gobierno socialista de Zapatero”, ha expuesto la consejera.
Por ello ha felicitado al ministro Arias Cañete “por la magnífica labor negociadora que está llevando a cabo”, así como al presidente Mariano Rajoy, “que logró que España mantuviera el presupuesto de la PAC durante los próximos 7 años, que es el pilar que sustentará una política agraria que permita afrontar los retos de futuro del campo nacional y regional”, ha incidido.
Mantenimiento de la superficie con derecho a ayudas y limitación a la convergencia interna
María Luisa Soriano ha explicado que se han logrado incluir en el acuerdo las principales reivindicaciones de Castilla-La Mancha, entre ellas la limitación del número de hectáreas susceptibles de recibir ayudas, que en España rondan actualmente los 22 millones y que la Comisión Europea pretendía incrementar hasta los 38 millones.
“Esto habría significado una reducción de casi el 50 por ciento de la ayuda a la hectárea toda vez que se mantenía el presupuesto pero se repartiría entre casi el doble de superficie, lo que habría supuesto un duro golpe para nuestros agricultores y ganaderos profesionales”, ha aseverado.
Por otro lado, los estados miembros han rebajado la postura de Bruselas en cuanto al criterio de convergencia de ayudas –que limita las diferencias entre lo que perciben unas regiones o sectores y otros-, que suponía un amplio trasvase de fondos que podría alcanzar el 30 por ciento, mientras que Castilla-La Mancha ha defendido un sistema más suave como el que se ha acordado ahora, que será menor al 8 por ciento y con un horizonte hasta 2019.
Flexibilidad en el greening y mantenimiento de los derechos de viñedo
Por otro lado, los Veintisiete mantienen que el 30 por ciento de las ayudas se concedan según criterios medioambientales –el conocido como greening-, pero ha flexibilizado mucho el texto, excluyendo de este requisito a los cultivos permanentes con menos de 250 árboles por hectárea, lo que excluye a gran parte del olivar, el viñedo y el almendro de Castilla-La Mancha.
Además, otro aspecto positivo para la región es que se mantienen los derechos de plantación de viñedo hasta final de 2018 para implantar a partir de 2019 un sistema de autorizaciones que limite la producción.
En lo que se refiere a las ayudas vinculadas a la producción, los ministros –a pesar de la oposición de algunos países del Norte- han incrementado del 10 al 12 por ciento el porcentaje que los países pueden conceder directamente sin solicitar permiso de la Comisión Europea a sectores concretos como la ganadería.
“Este incremento atiende a una reivindicación de Castilla-La Mancha, ya que necesitamos aumentar ese nivel de ayudas para atender a un sector como la ganadería, especialmente a los ganaderos sin tierra, que son los grandes olvidados en la reforma”, ha expuesto la consejera de Agricultura del Gobierno regional, que no obstante ha mostrado su interés por “subir el porcentaje hasta el 15 por ciento si fuera posible”.
A pesar de los progresos logrados por el Gobierno español y sus aliados comunitarios, María Luisa Soriano ha pedido “cautela” porque la negociación sigue abierta, “e igual que nosotros queremos mejorar aún más el texto somos conscientes de que otros países o la propia Comisión Europea quieren limitar algunos de los avances obtenidos, por lo que hay que seguir trabajando en los próximos meses”, ha concluido.
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