Estas declaraciones las ha efectuado la consejera en Madrid antes de su entrada a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas han estudiado el citado Anteproyecto de Ley.
Soriano ha expuesto que la media actual de resolución de proyectos que conllevan evaluación de impacto ambiental superaba ampliamente los tres años, “lo que retrasaba proyectos de gran repercusión económica y generadores de mucho empleo”, mientras que el texto actual prevé un plazo máximo de entre 4 y 6 meses.
Además, ha destacado que aúna dos leyes anteriores a la vez que unifica la terminología de los procedimientos y se adapta a las exigentes normativas comunitarias en esta materia.
También ha valorado de forma positiva que el texto recoja las sugerencias hechas desde Castilla-La Mancha en temas tan importantes como la definición de administraciones públicas competentes, capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales, consultas a las administraciones públicas o vigencia de la declaración ambiental estratégica.
En todo caso, la titular de Agricultura de Castilla-La Mancha ha remarcado que aún hay cuestiones “en las que la vamos a defender cambios importantes, porque consideramos que hay margen para mejorar el texto”.
Así, ha apostado por modificaciones en aspectos como la definición de órgano sustantivo, los informes recibidos fuera de plazo y, especialmente, en la sobreevaluación de proyectos con reducida significación ambiental, ya que “pretendemos que se exima a proyectos muy pequeños de determinadas obligatoriedades que suponen un tiempo y esfuerzo económico que no es lógico que asuman”.
Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales
Por otro lado, Miguel Arias Cañete y los consejeros de Medio Ambiente han analizado el Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales, en el que el Ministerio de Agricultura recuperará las capacidades de coordinación y las atribuciones que el Tribunal Constitucional señaló que eran de competencia estatal.
Asimismo, se aumenta el requerimiento de superficie mínima en el caso de los Parques Nacionales peninsulares, que pasa de 15.000 a 25.000 hectáreas. Y, en cuanto a las actividades y usos, se clasifican en tres categorías: compatibles con la conservación, necesarias para la gestión, e incompatibles. Además, siguen sin permitirse la caza y la pesca, si bien se autorizarán los “controles poblacionales” como instrumento de gestión.
María Luisa Soriano ha recordado que “es un texto aún abierto a cambios, aunque en general va en la dirección adecuada”, y ha subrayado que subsana un vacío legal existente como es la declaración de emergencia en caso de catástrofe medioambiental, así como que habilita fórmulas de colaboración con la propiedad privada para implicarla activamente en la consecución de los objetivos previstos.
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